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Decíamos, en un texto precedente, que las geografías del cuerpo en las zonas productoras de coca nos cuentan muchas cosas. La fundamental, a nuestro entender, es que hacen tangibles y visibles conceptos como el de la biopolítica o mejor aún,el de la necropolítica.

De todas las posibles respuestas que se han discutido, analizado o incluso probado -en mayor o menor medida- para enfrentar al narcotráfico (interdicción, inversión social y sustitución de cultivos, legalización,…) se ha terminado aplicando la que, a juzgar por sus resultados, parece ser la peor posible: la (necro) política de erradicación de cultivos a partir de la aspersión aérea y de la erradicación manual forzosa a partir de brigadas terrestres de erradicación.

En cambio, frente a esta terriblemente ineficiente estrategia gubernamental, los cultivos de coca se han mostrado increíblemente eficientes, mostrando tener una movilidad asombrosa. Como respuesta frente a la fumiga, simplemente, los cultivos se han ido expandiendo aceleradamente a nuevas áreas, en un caso biogeográfico que podríamos calificar de espectacular. Obviamente, el efecto deforestador de esta expansión ha sido bien notorio y la movilidad de la mata de coca, también.

Así, si en otros contextos como el boliviano -léase TIPNIS– los cultivos de coca son la avanzada de la deforestación y la colonización agraria; en el caso colombiano, la fumigación con glifosato ha acabado magnificando su ya de por sí devastador efecto como vector deforestador/colonizador de nuevas áreas, incluyendo territorios indígenas, de comunidades negras y Parques Nacionales Naturales. Y no es que haya sido peor el remedio que la enfermedad sino que la fumigación nunca ha sido un remedio sino una enfermedad.

La guerra química contra cultivos, personas y a decir de los Pueblos Indígenas, contra la Pachamama, no solo NO ha acabado con la producción de hoja de coca sino que está dejando una profunda huella en las áreas asperjadas. Una huella eminentemente socio-política, si pensamos en cosas como en la (in)gobernabilidad, la desconfianza que genera frente a la institucionalidad estatal y su legitimidad política, los cambios forzados en la tenencia de la tierra o la ruptura del tejido social -especialmente acusada en comunidades indígenas-. Pero también, y especialmente, una (por el momento poco evaluada) huella ecológica en ecosistemas deforestados y asperjados con el glifosato de Monsanto.

Esta guerra química también está dejando su huella física sobre los cuerpos humanos (incluyendo aquellos que están en gestación) que reciben la lluvia del glifosato o ingieren agua y alimentos contaminados. Cabría pensar que ante la polémica desatada por las fumigaciones, incluyendo la sospecha o controversia científica que se ha planeado sobre los efectos del químico sobre personas, animales y plantas, se debería haber aplicado inmediatamente el principio de precaución incluido en el ordenamiento jurídico colombiano… cosa que lamentablemente queda muy lejos de la realidad.

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. LEY 99 DE 1993 (Título I, artículo 1º, 6)

La contaminación provocada acaba convirtiéndose en un auténtico cóctel químico que adquiere la categoría de catástrofe ambiental en las zonas más expuestas.

Actualmente, ya casi finalizando 2014, se anuncia un potencial cese de las fumigaciones para el año entrante. El presidente Santos expresó, el pasado día 26 en el Putumayo, que su gobierno se quiere adelantar a lo ya acordado en Cuba – en el marco de las negociaciones de paz entre el Estado y las FARC-EP -, implementando un plan de sustitución de cultivos que deberá estar operativo en abril de 2015 (ver por ejemplo: →Santos anuncia plan para que no haya más fumigaciones de cultivos ilícitos).

Veremos, todo es un veremos…. mientras, la fumiga sigue cayendo.

Y mientras, la fumiga sigue cayendo sobre los cuerpos marcando la micropolítica local en las zonas cocaleras. Una micropolítica que se discute, se negocia y se decide macropolíticamente en foros tan alejados de las zonas fumigadas como Bogotá, La Habana, Washington o Viena. No se pueden comprender las dinámicas asociadas a los cultivos, al narcotráfico y a su represión sin cambiar constantemente de escenario y de escala, de lo local a lo nacional, a lo regional o a lo internacional. Eso sí, lo fundamental es no perder nunca de vista lo que acontece en las áreas productoras, que reciben los efectos nocivos y pagan enormes costos, sin tener a cambio los beneficios que se disfrutan en las lejanas zonas de consumo y disfrute (cosa que pasa exactamente igual con el banano, la palma aceitera o el oro…¡economía extractivista colonial!).

Pero el asperjado con glifosato no viene solo…

Hay otras fuentes de contaminación química que se le añaden o acumulan. Los habitantes de las áreas cocaleras -y áreas anexas, incluyendo las que están río abajo- se ven expuestos a la contaminación química producida en las labores agícolas del cultivo y por los residuos de la manufactura de la hoja de coca. Laboratorios y cristalizaderos funcionan de manera clandestina excretando sin ningún control todos los residuos de los precursores químicos utilizados en la transformación de la hoja de coca en pasta básica de coca (sulfato de cocaína), en base de cocaína o en clorhidrato de cocaína. El cóctel químico resultante impresiona…

Excepto el glifosato que cae del cielo, todo el resto es ilegal y se alimenta gracias al contrabando. En Colombia, todas las empresas que importan o venden las sustancias químicas, potencialmente útiles para la transformación de la hoja de coca, deben estar registradas y son fiscalizadas por el Estado. Esto no parece ser un gran impedimento ya que el tráfico de precursores químicos es tan rentable como lo puedan resultar el resto de flujos ilegales que confluyen con el narcotráfico.

El contrabando de hidrocarburos también se suma al flujo productivo de coca, armas y precursores químicos. Quienes lo trafican surten a los laboratorios clandestinos (o «cocinas»), ya que es uno de los ingredientes utilizados en el proceso transformador de la hoja de coca. Uno de los métodos usados habitualmente para conseguir el combustible es robarlo directamente en los oleoductos, a partir de la instalación de válvulas ilegales. Taladrar los oleoductos e instalarles válvulas rudimentarias provoca numerosos derrames de hidrocarburos sobre suelos y corrientes de agua, que se suman al resto de agentes químicos contaminantes ya mencionados.

Pero el panorama del desastre ambiental causado en zonas cocaleras y productoras de hidrocarburos como el Putumayo y Nariño (ésta última atravesada por el Oleoducto Trasandino) no quedaría completo si no le se le adiciona la contaminación por mercurio de la minería ilegal.

Ya es ampliamente conocida la confluencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y minería ilegal que se ha venido forjando en los últimos años en Colombia (con dinámicas muy similares en Perú). La minería ha pasado a engrosar el portafolio de negocios de narcos y guerreros, a veces como sustitutivo de la producción de cocaína (ante el avance de la erradicación de los cultivos u otras fluctuaciones del mercado) y a veces como complemento económico a éstos. Unodc/SIMCI se ha hecho eco de esta confluencia en su último monitoreo de los cultivos de coca en Colombia, incluyendo algunas interesantes imágenes satelitales interpretadas sobre minería ilegal en áreas cocaleras.

El destrozo es casi apocalíptico. Los socavones y la desfiguración total de los cauces fluviales por retroexcavadoras y «dragones», más el envenenamiento de las aguas con mercurio, vienen a sumarse al desastre ambiental producido en esta gran confluencia de flujos económicos ilegales que se articulan en torno a los cultivos de uso ilícto y la guerra. Actores legales e ilegales contribuyen a elaborar este tóxico cóctel químico.

No está de más incluir entre los venenosos efluvios la parte que le corresponde al monocultivo de la palma aceitera y toda su carga agrotóxica. En algunas plantaciones las matas de coca se intercalan entre las palmas. Estas dinámicas no solo se pueden encontrar  en Tumaco sino también en Ecuador y Perú.

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Fidel